La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, rechazo las pretensiones del Consejo de Directores del Banco Agrícola que aprobó la venta de su edificio sede, ubicado en el malecón de Santo Domingo, y varias fincas y terrenos de su propiedad, supuestamente para capitalizarse.
El coordinador general de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción Julio Cesar De la Rosa Tiburcio, considero que el consejo de directores del Banco Agrícola no tiene calidad para disponer la venta de un patrimonio del Estado dominicano, a juicio del coordinador general de ADOCCO, es sospechoso que el administrador general del Bagrícola Ing. Paíno Abreu Collado halla tasado el valor de la edificación y porción de terreno en mil millones de pesos, sin haber sido sometido a un avaluó real, el consejo de directores no solo se conformo con aprobar la venta del edificio que aloja la sede central, sino que también incluye la venta una gran cantidad de fincas y terrenos de su propiedad.
El solar que ocupa el Bagrícola consta de 18 mil metros, por lo que su valor en la zona que se encuentra es incalculable.
"Confiamos que el señor presidente de la republica Leonel Fernández rechazara de plano esta intentona de descuartizamiento de las propiedades del pueblo dominicano, en vista que el administrador del banco designo una comisión para poner todos esos bienes a la venta".
De la Rosa estimo que el valor de los demás son tan cuantioso como el terreno ubicado en la George Washintong, sobretodo los de la región Este, como una finca de 45 mil tareas en una zona de alta vocación turística, así como otros inmuebles localizados en Cotuí y en Maimón.
Para ADOCCO, la disposición del administrador general del Banco Agrícola, puede prestarse a corrupción, por no haberse sometido esas ventas a concurso publico que permita un manejo transparente, que asegure que personas ligadas a la institución de fomento agrícola no sean los verdaderos beneficiarios de las ventas de los inmuebles anunciados y puesto a la venta con anterioridad al anuncio.
La Alianza estará vigilante al proceso que alrededor de este patrimonio se produzcan, para evitar que los recursos del Estado vayan a parar en manos de funcionarios, que con el empleo de subterfugios legales se apoderan de los bienes de todos los dominicanos.
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