Tuesday, July 10, 2007

Dan toques finales para presentar
La terna del Defensor del Pueblo


El presidente de la Comisión de Escogencia del Defensor del Pueblo informó que está a punto de concluir el proceso de selección de la terna que deberá ser entregada al pleno de la Cámara de Diputados, para elegir al Defensor y sus cinco adjuntos.

El diputado Julio Horton informó que en la última reunión realizada por la Comisión, se entregaron los documentos finales y se afinaron los detalles para presentar el informe al Pleno.

“Ahora nos abocaremos a la fase de discusión y deliberación profunda de las vistas públicas que realizamos y finalmente terminaremos presentando el informe”, observó.

Explicó que la terna de los candidatos a Defensor del Pueblo y sus adjuntos deberá contar con la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara Baja.

Resaltó que posteriormente serán sometidos los candidatos a la consideración del Pleno del Senado de la República, organismo que deberá seleccionar a los funcionarios independientes que se instalarán en la Defensoría.

Indicó que la terna incluirá a tres grupos de ocho, compuestos cada uno por un aspirante a Defensor del Pueblo, dos para suplentes y cinco adjuntos para temas de medio ambiente, niñez y juventud, mujer, derechos del consumidor y derechos humanos.

El diputado Horton recordó la figura del Defensor del Pueblo fue instituida mediante la Ley 19-01, del primero de febrero del año 2001.

Se mostró satisfecho porque la comisión que preside, conformada el 22 de agosto pasado, ha agotado los procesos que se ha propuesto y está a punto de llevar a feliz término su trabajo.

Dijo que la comisión la integran los diputados Lidio Cadet, Minou Tavárez Mirabal, Elpidio Báez, Abel Martínez, Marino Mendoza, Hugo Núñez, Ramón Rogelio Genao, German Castro, Máximo Castro, José Ricardo Taveras, Radhamés Castro, Nelson Arroyo, Néstor Cruz, Angel Gomera y Carmen Mirelys Uceta.

El Defensor del Pueblo es una figura jurídico-constitucional que fiscalizará las acciones de los funcionarios públicos y las empresas privadas que ofrezcan servicios ciudadanos.

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