Arturo PelleranoPOR PEDRO CASTRO
El Nacional.... http://www.elnacional.com.do/
El ex presidente de la Suprema Corte de Justicia doctor Manuel Berges Chupani dijo hoy que fue correcta la decisión del Ministerio Público de retirar la acusación a los ex ejecutivos del Banco Nacional de Crédito (Bancredito), por lo que la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia debe anular la sentencia que los condenó a ocho años de prisión. ”Después de llevar a cabo las instrucciones y la obligación de los interrogatorios, el fiscal del Distrito Nacional emitió correctamente su "decreto de no seguir adelante con la Acción Popular, del 23 de enero de 2004, contra Manuel Arturo Pellerano y Felipe Mendoza”, precisó Bergés Chupani.Dijo que el fiscal de Distrito dictaminó el 29 de enero del 2004 que "hemos decidido no emitir un mandamiento judicial preliminar". “El caso debió terminar ahí. Es evidente que el caso debería haber sido concluído satisfactoriamente a favor del acusado, porque los demandantes ya no se interesan. No hay acusadores”. Dijo que ese caso inició con varias denuncias de los ahorrantes de Bancrédito y algunas de las empresas asociadas y relacionados con los antiguos propietarios.Indicó que la primera violación del contrato tripartito por parte del Banco Central fue no cumplir con ese acuerdo, lo que constituía una obligación de contingencia. ¿Qué ocurrió luego?Precisó que las autoridades del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, el 27 de enero de 2004 se querellaron de forma directa por ante el juez coordinador de los Jueces de Instrucción en el Distrito Nacional.“Durante las audiencias preliminares en relación con las denuncias, el acusado se enteró de que el juez de instrucción, espera de un informe solicitado a la Superintendencia de Bancos a fin de decidir sobre las denuncias”. Manifestó que los acusados solicitaron por escrito ante el secretario del Segundo Tribunal Liquidador de Instrucción del Distrito Nacional, un certificado donde se dice si la Corte había recibido o no los documentos necesarios de la Superintendencia de Bancos. Dijo que durante la audiencia del 9 de junio del 2006, el Departamento de Justicia decidió que era conveniente para sus intereses presentar en ese momento la acusación contra los procesados.“Haciendo caso omiso de las prerrogativas y los derechos constitucionales y la disposición del Código del Proceso Penal, al mismo tiempo que la acusación no fue depositada en el plazo y en violación del derecho a una defensa para no ser capaz de orientar las consecuencias”, señaló el doctor Bergés Chupani.
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El ex presidente de la Suprema Corte de Justicia doctor Manuel Berges Chupani dijo hoy que fue correcta la decisión del Ministerio Público de retirar la acusación a los ex ejecutivos del Banco Nacional de Crédito (Bancredito), por lo que la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia debe anular la sentencia que los condenó a ocho años de prisión. ”Después de llevar a cabo las instrucciones y la obligación de los interrogatorios, el fiscal del Distrito Nacional emitió correctamente su "decreto de no seguir adelante con la Acción Popular, del 23 de enero de 2004, contra Manuel Arturo Pellerano y Felipe Mendoza”, precisó Bergés Chupani.Dijo que el fiscal de Distrito dictaminó el 29 de enero del 2004 que "hemos decidido no emitir un mandamiento judicial preliminar". “El caso debió terminar ahí. Es evidente que el caso debería haber sido concluído satisfactoriamente a favor del acusado, porque los demandantes ya no se interesan. No hay acusadores”. Dijo que ese caso inició con varias denuncias de los ahorrantes de Bancrédito y algunas de las empresas asociadas y relacionados con los antiguos propietarios.Indicó que la primera violación del contrato tripartito por parte del Banco Central fue no cumplir con ese acuerdo, lo que constituía una obligación de contingencia. ¿Qué ocurrió luego?Precisó que las autoridades del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, el 27 de enero de 2004 se querellaron de forma directa por ante el juez coordinador de los Jueces de Instrucción en el Distrito Nacional.“Durante las audiencias preliminares en relación con las denuncias, el acusado se enteró de que el juez de instrucción, espera de un informe solicitado a la Superintendencia de Bancos a fin de decidir sobre las denuncias”. Manifestó que los acusados solicitaron por escrito ante el secretario del Segundo Tribunal Liquidador de Instrucción del Distrito Nacional, un certificado donde se dice si la Corte había recibido o no los documentos necesarios de la Superintendencia de Bancos. Dijo que durante la audiencia del 9 de junio del 2006, el Departamento de Justicia decidió que era conveniente para sus intereses presentar en ese momento la acusación contra los procesados.“Haciendo caso omiso de las prerrogativas y los derechos constitucionales y la disposición del Código del Proceso Penal, al mismo tiempo que la acusación no fue depositada en el plazo y en violación del derecho a una defensa para no ser capaz de orientar las consecuencias”, señaló el doctor Bergés Chupani.
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