POR ARISTIDES REYES
El Senado conocerá este martes un proyecto de ley que criminalizaría el robo de energía con prisión y multa a los usuarios y las empresas que no suministren al Estado la energía establecida en los contratos.
Además, conocerá un préstamo por 150 millones de dólares suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para programas de la gestión social.
La información la ofreció el presidente de la comisión de Finanzas del Senado, licenciado, Tommy Galán, quien explicó que la aprobación de la iniciativa que castiga el robo de electricidad es una exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Dijo que es necesario parar el robo de energía, de modo que todos los contribuyentes paguen un servicio que resulta costoso al Estado.
Galán aclaró que la pieza está bajo estudio de la comisión de Asuntos Energéticos del Senado, pero que los legisladores de todas las bancadas se han interesado en su aprobación.
Adelantó que el proyecto será modificado para no sólo castigar con prisión y multas a los que se "roban energía para un bombillo y una nevera, sino para las empresas que firman un contrato con el Gobierno para suministrar determinada cantidad de kilovatios y sólo ofrecen la mitad".
En los senadores hay la intención de aprobar en dos lecturas el proyecto, dijo.
La iniciativa original del Poder Ejecutivo establece escalas para las condenas de la sustracción de electricidad como prisión de 15 días a tres meses y multa de cinco a 10 salarios mínimos cuando la energía sustraída sea inferior a mil kilovatios/hora; con prisión de tres a seis meses y multa de 10 a 20 salarios mínimos, cuando el robo sea superior a mil kilovatios/hora.
Además, prisión de seis meses a un año y multa de 20 a 40 salarios mínimos, cuando la energía sustraída sea superior a dos mil kilovatios/hora.
Una escala diferente fue establecida para los usuarios de alto consumo que conlleva prisión de uno a cinco años y multa de 40 a 5,000 salarios mínimos
Estipula prisión de uno a dos años y multa de 40 a 80 salarios mínimos, cuando la potencia sustraída sea hasta de 20 kilovatios/hora; de dos a tres años y multa de 80 a 160 salarios mínimos, cuando la potencia sustraída sea superior a 20 kilovatios/hora, y de tres a cinco años y multa de 160 a 320 salarios mínimos, cuando la potencia sustraída sea superior a 50 kilovatios/hora, así como prisión de cinco años y multa de 320 a 5,000 salarios mínimos, cuando la potencia sustraída sea superior a 100 kilovatios/hora.
El proyecto crea un Procurador General Adjunto para Asuntos Eléctricos, quien se encargará de dirigir las investigaciones de los hechos punibles descritos.
En tanto, el préstamo de 150 millones de dólares con el BID se destinará a los sectores de salud, educación y seguridad social.
