El Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la
República Dominicana (ICPARD), se opone a que sean los notarios públicos
quienes legalicen las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios
públicos, como lo especifican los artículos 26 y 27 del capitulo 4, en el
proyecto de ley sobre salarios públicos, que se discute en el
Senado.
Pedro Matos, presidente del ICPARD enfatizó en rueda
de prensa celebrada es jueves, que es a un contador Público Autorizado
(CPA), o una Firma de Contadores activa, registrada en ese
instituto, a quien compete emitir y dictaminar la declaración jurada, en la que
un funcionario declara su patrimonio al momento de tomar posesión o salir de un
cargo público.
Argumentó que es este profesional y no otro, a
quien debe indicar la ley, por razones de que posee la competencia
necesaria para aplicar las normas y procedimientos que requiere la
referida declaración.
Al señalar el artículo 22 del referido ante proyecto,
el Presidente del ICPARD, enfatizó que un funcionario no debe trabajar en
el Estado en dos lugares a la vez, aun sea en horarios diferentes, debido
a que el Estado no posee mecanismos de supervisión para
determinar la efectividad de ambos horarios.
Entienden que el servidor público que desee producir
en el tiempo libre debe hacerlo en el sector privado.
La institución que agrupa a los contadores sostiene,
que el funcionario que
administra bienes del Estado debe acogerse a la ley 126-01 que exige una
contabilidad patrimonial actualizada de las diferentes instituciones del
Estado.
“Hacemos
un llamado los legisladores en lo referente al artículo 34, que fija un
plazo de 30 días posteriores a la entrada en vigencia de esa ley, para
que cada una de las instituciones, presente un inventario de todos los
vehículos de motor a la Contraloría General de la República a los fines
de control y fiscalización de esos bienes”, proclamó Pedro Matos.
Manifestó
que esto no solo incluye los vehículos de motor, sino también a todos los
bienes de la institución, por lo que recomiendan que al momento de entrar
en vigencia esa ley, la Contraloría General de la República debe exigir a
la Dirección General de Contabilidad Gubernamental el informe patrimonial
actualizado.
En rueda de prensa
realizada el la sede de la ICPARD, Pedro Matos estuvo acompañado del
Vicepresidente Ramón Perelló, Felipe Montero, secretario y francisco Acosta,
Tesorero de la entidad.
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