La jueza Aura Celeste Fernández la emprendió de nuevo contra el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, y el presidente de la Cámara Administrativa, Roberto Rosario, a quien reiteró sus quejas de que se transparenten los fondos del organismo. En la JCE hay diferencias entre sus miembros, luego de que la jueza Fernández criticó que de los fondos de la Cámara Contenciosa se usaran para pagar deudas de la empresa SOMOS, autorizada mendiante decisión de la Suprema Corte de Justicia. Según Servio Tulio Castaños Guzmán, de FINJUS, en el organismo electoral hay una equizofrenia composición. Mientras esto ocurre en la JCE, enl la Asamblea Revisora también los legisladores del PLD tienen diferencias en cuanto al número de jueces que deben formar la Junta, la que fue dividida y creado un Tribunal Electoral. En la mañana de hoy, Aura Celeste Fernández hizo una rueda de prensa para responderle a Rosario y Castaños Guzmán, cuyo documento íntegro es el siguiente:
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Señoras/es
Miembras/os de la Prensa Nacional
Distinguidos/as señores/as:
Como es de conocimiento de Uds. y de la opinión pública, en fecha 23 de junio de este año, le remití una comunicación al Presidente de la Junta Central Electoral, Dr. Julio César Castaños Guzmán, mostrándole mis preocupaciones por el hecho de que el Pleno de la Junta Central Electoral, a la fecha, no ha asumido la ejecución del presupuesto de esta institución. Esa comunicación trascendió de manera oficiosa a la prensa nacional y ha originado sendas reacciones por parte del Dr. Castaños y de la Cámara Administrativa, en especial de su presidente y vocero, el Dr. Roberto Rosario, lo que me ha impuesto la obligación de convocar la presente rueda de prensa, a fines de edificarles correctamente.
Ratifico que en la citada comunicación del 23 de junio lo que ha motivado mi actuación es solicitarle al presidente de la Junta Central Electoral que tenga a bien instruir a los departamentos correspondientes para que preparen un informe de la ejecución presupuestaria del año en curso, así como también, que se establezca una fecha periódica, preferiblemente mensual, para la entrega a los magistrados miembros del Pleno, de un informe detallado de la inversión y gastos de los fondos institucionales de la Junta Central Electoral, que a la fecha nunca se ha recibido. De la misma manera que se fije con regularidad, un punto en sesión administrativa del Pleno sobre la ejecución presupuestaria, para que este órgano haga las ponderaciones, observaciones, desaprobaciones o aprobaciones que procedan.
Yo Pregunto: Puede alguien en su sano juicio interpretar que desde mi condición de miembra titular del Pleno de esta Junta Central Electoral, un pedimento de este tipo constituye un exceso, o un atrevimiento, o que por el mismo estoy atentando contra la institucionalidad de la JCE o contra la celebración del próximo evento electoral? Puntualizo que como se debe deducir, si dirigí una comunicación al Presidente de esta JCE contentiva de los requerimientos señalados, es porque obviamente no tengo esas informaciones, ni están establecidos esos procedimientos y porque la misma es muy legítima.
Es facultad del Pleno aprobar el proyecto de presupuesto anual, el cual previamente debe serle sometido por la Comisión de Planificación Presupuestaria. A la fecha esta comisión no se ha reunido nunca y por tanto no ha sido la que ha sometido el proyecto de presupuesto.
La Cámara Administrativa ejecuta más del 60% del presupuesto de todo el organismo, sin que a la fecha haya sometido a la consideración del Pleno un informe de ejecución presupuestaria.
Ratifico mi exigencia y continuaré exigiendo al Presidente de esta Junta Central Electoral, que asuma su responsabilidad como presidente del Pleno y en tal virtud, su obligación de presentar ante el Pleno toda contratación hecha a nombre de la Junta Central Electoral para obtener la aprobación de este órgano.
No es ocioso recordarle al Dr. Julio César Castaños Guzmán que todos somos corresponsables, por comisión, pero también por omisión, de la cuenta que demos de la administración de fondos públicos, puestos bajo nuestra responsabilidad. Si alguien por conveniencia o falta de carácter está dispuesto a renunciar a esas prerrogativas, esa no seré yo y así se lo participo a la opinión pública nacional.
A la ciudadanía le debe constar que si hoy le exijo al Dr. Roberto Rosario, como presidente de la Cámara Administrativa, que presente un informe y rinda cuentas ante el Pleno, del modo como se han ejecutado los más MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES 0CHOCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CINCO CENTAVOS de ingresos extrapresupuestarios por concepto de tasas de servicios de las oficialías y otros servicios, como los provenientes de la consultoría jurídica y la cédula (tal y como consta en certificación anexa del Departamento de Auditoría de esta JCE), no lo hago ni por hacerle daño, ni por capricho personal, sino porque es mi legítimo derecho como miembro titular del Pleno, conocer en que se invierten esos dineros, y sobre todo porque no ha tenido la delicadeza propia del que administra fondos públicos, de rendirnos cuenta, como lo obliga la ley, y creo que dos años y siete meses es tiempo suficiente para esperar.
La Cámara Administrativa debe informar al Pleno de esta JCE respecto de las obras aprobadas a contratistas, ejecutadas y en ejecución, y la presentación de los contratos de, de acuerdo a las facultades que le otorga la ley. Esas obras citadas, de acuerdo a certificación del Departamento de Auditoría de la JCE ascienden a 417 MILLONES QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS.
A propósito de esta rueda de prensa y para una mejor edificación he podido constatar que la Cámara Administrativa, abrogándose las atribuciones del Pleno, otorga las obras a ejecutar en base a una declaración jurada por parte del contratista, en violación de lo dispuesto por la Ley 340-06, que exige la formalización de un contrato. Debo señalar, para que no haya confusión que en ninguna oportunidad se ha llevado al Pleno y aprobado en éste el otorgamiento de estas obras, aún en base a ese precario instrumento jurídico.
8.- Al monto anterior debe añadirse el de 59 MILLONES DE PESOS por concepto de remodelación y reconstrucción de infraestructura, a través de la Unidad de Remodelación de Oficialías y la Unidad de Servicios Generales de la JCE, monto que sumado al anterior supera los 460 MILLONES DE PESOS invertidos en obras. Para comprobar esto estamos entregando un informe rendido por la Auditora General de la Junta Central Electoral, que nos agenciáramos en el día de ayer.
Con esto queda comprobado que al país no se le dijo la verdad cuando ayer el Dr. Rosario Márquez dijo que el monto invertido en obras ha sido de 242 MILLONES DE PESOS.
Igualmente, la Cámara Administrativa debe explicar al Pleno, cuáles son los criterios que ha utilizado para la asignación de los más de 345 MILLONES DE PESOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS en gastos de publicidad y propaganda, contratadas de forma discrecional, sin el conocimiento y aprobación del Pleno.
- Es bueno hacer constar que la Junta Central Electoral ha funcionado con un Comité de Licitaciones del cual no forma parte, conforme lo dispone la ley 340-06, sobre Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, el funcionario de mayor jerarquía de la institución o quien éste designe, quien lo presidirá; el Director Administrativo Financiero o su delegado; el Consultor Jurídico y dos funcionarios del mayor nivel posible de la institución. Llamo su atención sobre la comunicación CJ-0136 expedida por el Consultor Jurídico de la JCE, en la cual hace constar que en los archivos de esa Consultoría “sólo reposan los contratos de compra de los inmuebles que han sido adquiridos en la presente gestión…”
Yo pregunto, quién en su sano juicio y que acepte encontrarse por debajo de la ley, puede ofenderse o rebelarse o desatar campañas mediáticas porque se le pida que informe o rinda cuentas ante el órgano de ley, de cómo administra fondos públicos, que no son de su propiedad y respecto de los cuales, es bueno que se entere, compartimos la responsabilidad de su destino.
Declaro que ningunas de mis intervenciones, exigencias, reclamos, pedimentos y posiciones, en caso alguno están motivadas por diferendos personales, pasiones, prejuicios, predisposición, sino que responden a la convicción irrenunciable de que al asumir una función pública debemos sujetarnos a la observancia de la ley y debemos actuar con un alto sentido de responsabilidad respecto de las facultades puestas a nuestro cargo.
Declaro que es completamente falsa la declaración del Dr. Rosario de que a los Jueces se le entrega diariamente y con periodicidad copia de los informes de ingresos y egresos de la JCE.
Ratifico mi afirmación de que a instancia de la Cámara Administrativa no se nos suministran informaciones que solicitamos a parte del personal bajo la dependencia de esa Cámara y para muestra les estoy anexando una comunicación en la cual, la secretaria de dicha Cámara comunicó a las Juntas Electorales del País, a través de la circular 29, del 11 de junio de 2008, lo que a continuación transcribo: “… las Juntas Electorales son órganos dependientes en lo administrativo de esta Cámara Administrativa. En tal sentido, les comunicamos que las informaciones relativas al funcionamiento y operación de las Juntas Electorales, deben ser suministradas de manera exclusiva a esta Cámara, o cuando le fueran requeridas por el Pleno de esta Junta Central Electoral”. ¿Qué creen Uds. motivó esta circular? ¿Acaso que un desconocido estaba penetrando o apropiándose de informaciones que estaban depositadas en los archivos de esas juntas electorales? No, sino simplemente que la suscrita, jueza electoral, y además, en mi condición de Coordinadora de la comisión del pleno, de juntas electorales y partidos políticos, 48 horas antes cometí la osadía de solicitar directamente por medio de un memorándum del 09 de junio de 2008 ”…un breve informe en el cual queden debidamente identificados los problemas o inconvenientes más comunes que se presentaron antes y durante el proceso de las pasadas elecciones Congresuales y Municipales del año 2006, en todo lo relativo al ámbito administrativo y contencioso electoral…”
Tengo el convencimiento de que las buenas honras y una sólida imagen institucional no se construyen en base a campañas publicitarias, apariencias y ocultamiento de información. Éstas se construyen en base a la responsabilidad, transparencia, rendición de cuentas y sobre todo, al estricto cumplimiento de la ley.
Deseo reiterar mi solicitud expresa al Dr. Julio César Castaños Guzmán, en su condición de Presidente de la Junta Central Electoral que asuma la responsabilidad que la ley pone a su cargo, en el sentido de poner en condiciones al Pleno del organismo, de supervisar la ejecución presupuestaria y de recibir la estricta rendición periódica de cuentas, respecto de todos los fondos bajo la responsabilidad, directa o indirecta de institución.
Quiero aprovechar la ocasión para pedir la debida comprensión de la opinión pública respecto de la dilucidación pública de estos asuntos, toda vez que si hoy me he visto conminada a hacer esta rueda de prensa, se ha debido, a que no me ha quedado otro camino que no sea acudir al alto tribunal del pueblo dominicano, toda vez que las circunstancias expuestas han imposibilitado que todas estas cuestiones se diluciden en el ámbito institucional.
Le reitero las gracias por su paciencia y la comprensión mostrada a esta humilde ciudadana que no ha hecho otra cosa durante toda su vida, que tratar de servir en las funciones públicas con decencia, apegada a la ley y a principios éticos.
Muchas gracias!
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Señoras/es
Miembras/os de la Prensa Nacional
Distinguidos/as señores/as:
Como es de conocimiento de Uds. y de la opinión pública, en fecha 23 de junio de este año, le remití una comunicación al Presidente de la Junta Central Electoral, Dr. Julio César Castaños Guzmán, mostrándole mis preocupaciones por el hecho de que el Pleno de la Junta Central Electoral, a la fecha, no ha asumido la ejecución del presupuesto de esta institución. Esa comunicación trascendió de manera oficiosa a la prensa nacional y ha originado sendas reacciones por parte del Dr. Castaños y de la Cámara Administrativa, en especial de su presidente y vocero, el Dr. Roberto Rosario, lo que me ha impuesto la obligación de convocar la presente rueda de prensa, a fines de edificarles correctamente.
Ratifico que en la citada comunicación del 23 de junio lo que ha motivado mi actuación es solicitarle al presidente de la Junta Central Electoral que tenga a bien instruir a los departamentos correspondientes para que preparen un informe de la ejecución presupuestaria del año en curso, así como también, que se establezca una fecha periódica, preferiblemente mensual, para la entrega a los magistrados miembros del Pleno, de un informe detallado de la inversión y gastos de los fondos institucionales de la Junta Central Electoral, que a la fecha nunca se ha recibido. De la misma manera que se fije con regularidad, un punto en sesión administrativa del Pleno sobre la ejecución presupuestaria, para que este órgano haga las ponderaciones, observaciones, desaprobaciones o aprobaciones que procedan.
Yo Pregunto: Puede alguien en su sano juicio interpretar que desde mi condición de miembra titular del Pleno de esta Junta Central Electoral, un pedimento de este tipo constituye un exceso, o un atrevimiento, o que por el mismo estoy atentando contra la institucionalidad de la JCE o contra la celebración del próximo evento electoral? Puntualizo que como se debe deducir, si dirigí una comunicación al Presidente de esta JCE contentiva de los requerimientos señalados, es porque obviamente no tengo esas informaciones, ni están establecidos esos procedimientos y porque la misma es muy legítima.
Es facultad del Pleno aprobar el proyecto de presupuesto anual, el cual previamente debe serle sometido por la Comisión de Planificación Presupuestaria. A la fecha esta comisión no se ha reunido nunca y por tanto no ha sido la que ha sometido el proyecto de presupuesto.
La Cámara Administrativa ejecuta más del 60% del presupuesto de todo el organismo, sin que a la fecha haya sometido a la consideración del Pleno un informe de ejecución presupuestaria.
Ratifico mi exigencia y continuaré exigiendo al Presidente de esta Junta Central Electoral, que asuma su responsabilidad como presidente del Pleno y en tal virtud, su obligación de presentar ante el Pleno toda contratación hecha a nombre de la Junta Central Electoral para obtener la aprobación de este órgano.
No es ocioso recordarle al Dr. Julio César Castaños Guzmán que todos somos corresponsables, por comisión, pero también por omisión, de la cuenta que demos de la administración de fondos públicos, puestos bajo nuestra responsabilidad. Si alguien por conveniencia o falta de carácter está dispuesto a renunciar a esas prerrogativas, esa no seré yo y así se lo participo a la opinión pública nacional.
A la ciudadanía le debe constar que si hoy le exijo al Dr. Roberto Rosario, como presidente de la Cámara Administrativa, que presente un informe y rinda cuentas ante el Pleno, del modo como se han ejecutado los más MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES 0CHOCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CINCO CENTAVOS de ingresos extrapresupuestarios por concepto de tasas de servicios de las oficialías y otros servicios, como los provenientes de la consultoría jurídica y la cédula (tal y como consta en certificación anexa del Departamento de Auditoría de esta JCE), no lo hago ni por hacerle daño, ni por capricho personal, sino porque es mi legítimo derecho como miembro titular del Pleno, conocer en que se invierten esos dineros, y sobre todo porque no ha tenido la delicadeza propia del que administra fondos públicos, de rendirnos cuenta, como lo obliga la ley, y creo que dos años y siete meses es tiempo suficiente para esperar.
La Cámara Administrativa debe informar al Pleno de esta JCE respecto de las obras aprobadas a contratistas, ejecutadas y en ejecución, y la presentación de los contratos de, de acuerdo a las facultades que le otorga la ley. Esas obras citadas, de acuerdo a certificación del Departamento de Auditoría de la JCE ascienden a 417 MILLONES QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS.
A propósito de esta rueda de prensa y para una mejor edificación he podido constatar que la Cámara Administrativa, abrogándose las atribuciones del Pleno, otorga las obras a ejecutar en base a una declaración jurada por parte del contratista, en violación de lo dispuesto por la Ley 340-06, que exige la formalización de un contrato. Debo señalar, para que no haya confusión que en ninguna oportunidad se ha llevado al Pleno y aprobado en éste el otorgamiento de estas obras, aún en base a ese precario instrumento jurídico.
8.- Al monto anterior debe añadirse el de 59 MILLONES DE PESOS por concepto de remodelación y reconstrucción de infraestructura, a través de la Unidad de Remodelación de Oficialías y la Unidad de Servicios Generales de la JCE, monto que sumado al anterior supera los 460 MILLONES DE PESOS invertidos en obras. Para comprobar esto estamos entregando un informe rendido por la Auditora General de la Junta Central Electoral, que nos agenciáramos en el día de ayer.
Con esto queda comprobado que al país no se le dijo la verdad cuando ayer el Dr. Rosario Márquez dijo que el monto invertido en obras ha sido de 242 MILLONES DE PESOS.
Igualmente, la Cámara Administrativa debe explicar al Pleno, cuáles son los criterios que ha utilizado para la asignación de los más de 345 MILLONES DE PESOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS en gastos de publicidad y propaganda, contratadas de forma discrecional, sin el conocimiento y aprobación del Pleno.
- Es bueno hacer constar que la Junta Central Electoral ha funcionado con un Comité de Licitaciones del cual no forma parte, conforme lo dispone la ley 340-06, sobre Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, el funcionario de mayor jerarquía de la institución o quien éste designe, quien lo presidirá; el Director Administrativo Financiero o su delegado; el Consultor Jurídico y dos funcionarios del mayor nivel posible de la institución. Llamo su atención sobre la comunicación CJ-0136 expedida por el Consultor Jurídico de la JCE, en la cual hace constar que en los archivos de esa Consultoría “sólo reposan los contratos de compra de los inmuebles que han sido adquiridos en la presente gestión…”
Yo pregunto, quién en su sano juicio y que acepte encontrarse por debajo de la ley, puede ofenderse o rebelarse o desatar campañas mediáticas porque se le pida que informe o rinda cuentas ante el órgano de ley, de cómo administra fondos públicos, que no son de su propiedad y respecto de los cuales, es bueno que se entere, compartimos la responsabilidad de su destino.
Declaro que ningunas de mis intervenciones, exigencias, reclamos, pedimentos y posiciones, en caso alguno están motivadas por diferendos personales, pasiones, prejuicios, predisposición, sino que responden a la convicción irrenunciable de que al asumir una función pública debemos sujetarnos a la observancia de la ley y debemos actuar con un alto sentido de responsabilidad respecto de las facultades puestas a nuestro cargo.
Declaro que es completamente falsa la declaración del Dr. Rosario de que a los Jueces se le entrega diariamente y con periodicidad copia de los informes de ingresos y egresos de la JCE.
Ratifico mi afirmación de que a instancia de la Cámara Administrativa no se nos suministran informaciones que solicitamos a parte del personal bajo la dependencia de esa Cámara y para muestra les estoy anexando una comunicación en la cual, la secretaria de dicha Cámara comunicó a las Juntas Electorales del País, a través de la circular 29, del 11 de junio de 2008, lo que a continuación transcribo: “… las Juntas Electorales son órganos dependientes en lo administrativo de esta Cámara Administrativa. En tal sentido, les comunicamos que las informaciones relativas al funcionamiento y operación de las Juntas Electorales, deben ser suministradas de manera exclusiva a esta Cámara, o cuando le fueran requeridas por el Pleno de esta Junta Central Electoral”. ¿Qué creen Uds. motivó esta circular? ¿Acaso que un desconocido estaba penetrando o apropiándose de informaciones que estaban depositadas en los archivos de esas juntas electorales? No, sino simplemente que la suscrita, jueza electoral, y además, en mi condición de Coordinadora de la comisión del pleno, de juntas electorales y partidos políticos, 48 horas antes cometí la osadía de solicitar directamente por medio de un memorándum del 09 de junio de 2008 ”…un breve informe en el cual queden debidamente identificados los problemas o inconvenientes más comunes que se presentaron antes y durante el proceso de las pasadas elecciones Congresuales y Municipales del año 2006, en todo lo relativo al ámbito administrativo y contencioso electoral…”
Tengo el convencimiento de que las buenas honras y una sólida imagen institucional no se construyen en base a campañas publicitarias, apariencias y ocultamiento de información. Éstas se construyen en base a la responsabilidad, transparencia, rendición de cuentas y sobre todo, al estricto cumplimiento de la ley.
Deseo reiterar mi solicitud expresa al Dr. Julio César Castaños Guzmán, en su condición de Presidente de la Junta Central Electoral que asuma la responsabilidad que la ley pone a su cargo, en el sentido de poner en condiciones al Pleno del organismo, de supervisar la ejecución presupuestaria y de recibir la estricta rendición periódica de cuentas, respecto de todos los fondos bajo la responsabilidad, directa o indirecta de institución.
Quiero aprovechar la ocasión para pedir la debida comprensión de la opinión pública respecto de la dilucidación pública de estos asuntos, toda vez que si hoy me he visto conminada a hacer esta rueda de prensa, se ha debido, a que no me ha quedado otro camino que no sea acudir al alto tribunal del pueblo dominicano, toda vez que las circunstancias expuestas han imposibilitado que todas estas cuestiones se diluciden en el ámbito institucional.
Le reitero las gracias por su paciencia y la comprensión mostrada a esta humilde ciudadana que no ha hecho otra cosa durante toda su vida, que tratar de servir en las funciones públicas con decencia, apegada a la ley y a principios éticos.
Muchas gracias!
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