En la República Dominicana no hay garantías para los inversionistas extranjeros, así opinaron en rueda de prensa los abogados de inversionistas taiwaneses en el país, explicando el caso particular de una inversión superior a los cinco millones de pesos en una propiedad ubicada en el Km. 12 de la carretera Sánchez de la ciudad de Santo Domingo adquirida a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, hace más de cuatro años, con su título de propiedad a nombre del comprador, el Señor Song Ping Chang Chen, quien sin embargo no ha podido utilizarla y por el contrario ha tenido que invertir adicionalmente varios millones de pesos sin que se le haya garantizado el ejercicio de sus derechos ni haya podido desarrollar la plaza comercial que se había proyectado.
La compra ha generado un conflicto entre personas que ilegalmente ocupan la propiedad y se niegan a entregarla, al parecer apoyados por la Oficina del abogado del Estado ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, con asiento en la capital de la república, que se han negado a ejecutar una orden de dicho tribunal de fecha 22 de febrero del año 2007, cuya suspensión ha sido rechazada por la Suprema Corte de Justicia en fecha 13 de diciembre del 2007, la ordena el desalojo de todos los intrusos y entrega de la propiedad a los inversionistas adquirientes, valiéndose de subterfugios legales y desacatando dicha orden judicial. La sentencia puede ser consultada con el nombre del propietario en http://www.suprema.gov.do/secretaria/Welcomec.htm
Los inversionistas presentaron los títulos de la propiedad y las sentencias del Tribunal de Superior de Tierras y de la Suprema Corte de Justicia en la que se ordena la ejecución del desalojo y entrega de la propiedad a los propietarios e inversionistas de nacionalidad taiwanesa y dominicana.
Los abogados indicaron que es increíble como los encargados de ejecutar las disposiciones legales emanadas de la Suprema Corte de Justicia se prestan para vagabunderías que hacen daño al país, apoyando e incentivando que invasores empañen el marco legal de la Republica Dominicana para la inversión extranjera, cuando la nueva legislación de tierras prohíbe aceptar otras demoras basadas en litis sobre terrenos registrados, a todas luces sin ningún fundamento y carente de seriedad. Fueron casi cinco años que se demoró la justicia para reconocer los derechos de sus clientes, manifestaron, y lo que es todavía peor, al momento de la verdad no se acata la orden de la justicia y el cumplimiento de la ley.
Este es un caso que genera un alto nivel de desconfianza por parte de inversionistas extranjeros hacia la Republica Dominicana. De Nada sirve el trabajo realizado por organismos competentes como el CEI-RD, la cancillería, la visión del Presidente Leonel Fernández de desarrollar e incentivar la inversión extranjera, cuando los actores y elementos encargados de hacer ejecutar las leyes irrespetan las disposiciones judiciales.
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