Jueces Roberto y Aura se enfrentan en pleno

Suspenden ocho oficiales civiles

POR ALBERTO CAMINERO

Ocho oficiales civiles fueron suspendidos por la Junta Central Electoral (JCE), luego de atribuirles obstaculizar el proceso de reestructuración administrativa que desarralla el organismo en las 162 oficialías existentes a nivel nacional.
Los jueces electorales fijaron sueldos de RD$50,000 pesos a los oficiales civiles de primera categoría, y un monitoreo financiero en las 32 oficialías principales.
Entre los oficiales civiles suspendidos están los de Puerto Plata, Higüey, La Romana, Santiago, Peravia, la Capital y la provincia de Santo Domingo. La fuente no identificó a los jueces separados del cargo.
"Boicotean el trabajo en las oficialías, en razón de que ahora se les paga un sueldo fijo, que dista mucho de las ganancias por encima del medio millón de pesos antes de la medida. Se dijo que los sancionados están recomendados para que el pleno los cancele.
Una fuente autorizada informó que en el monitoreo y auditoría administrativa a siete oficialías se determinó que cada una tuvo recaudaciones por más de 300 mil pesos y la que menos ganó superó los 250 mil pesos.
Las oficialías que mayores recursos obtienen son las que están ubicadas en regiones turísticas, debido a los matrimonios entre turistas. La tarifa para el mantrimonio de extranjeros fue fijada en 15 mil pesos.
Se aclaró que los recursos que obtenían las oficialías civiles eran reconocidos como honorarios de los jueces, pero ahora van a las arcas de la JCE, los que subsidiarían las demás instituciones deficitarias.
Asimismo se dijo que en relación al tema hay diferencias entre los jueces Roberto Rosario, presidente de la Cámara Administrativa, que plantea la sustitución de los oficiales civiles por nuevos, y la doctora Aura Celeste Fernández de Moreno, de la Comisión de Oficialías, quien propone hacer concurso para esos puestos.
Se explicó que en el juez Rosario opina que hay que hacer en las oficialías lo que hizo el Gobierno con los fiscales, los que fueron sustituidos y los nuevos incumbentes adiestrados mediante seminarios y cursos.
Discuten en pleno
Por otro lado, el informante, que pidió reserva de su nombre, dijo que en el pleno de ayer de los jueces electorales se produjo una discursión entre Rosario y Fernández de Moreno, cuando se tocó el tema del voto electrónico.
La doctora Fernández de Moreno objetó la presidencia de Rosario en el pleno de ayer, que conocería el contrato de Somo, alegando que participó en ese proceso, mientras que Rosario dijo que como juez de la JCE tenía derecho, además de que que no está recusado.
La jueza le pidió que se inhibiera, a lo que el presidente de la Cámara Administrativa respondió que lo recusara. Ante el impasse se sometió a decisión del pleno, y el resultado fue siete para que se quedara, uno se abstuvo de votar y uno votó en contra.
Al final se favoreció la recomendación de dos auditores propuestos por Fernández de Moreno, Luis Manuel Paulino Marte, director de Informática de la Procuraduría General de la República y Marcela Mirabal, que trabaja para el Fondo para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), quienes crearán las reglas para una licitación internacional para auditar a la empresa Somo, que ganó el concurso de automatización del registro civil y la implementación del voto electrónico.
El tema concluyó con la propuesta del juez Rosario de que se invite también a los directores de medios de comunicación.