Dos agrupaciones de industriales llamaron al Gobierno a no dilapidar los recursos extraordinarios que recibe por la vía de empréstitos internacionales, para que en 2011 no tenga que desembocar en reformas al sistema de impuestos para recaudar más recursos.
La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) y la Federación de Asociaciones Industriales (FAI) advirtieron que los fondos especiales con que cuenta el Gobierno en el presente año deberían ser destinados a actividades reproductivas y a la generación de empleos.
Señalaron que si la tentación vence a quienes dirigen los destinos del país y malgastan los préstamos en campaña proselitista, el próximo año los dominicanos pagarán caro esa decisión, pues el Gobierno tendría que recurrir al aumento de los impuestos para sostener el aparato estatal.
“En la actualidad el 40% del presupuesto se destina al pago de deuda externa, que se ha incrementado con los nuevos préstamos, por lo que un uso irracional de los recursos dejaría a un país más endeudado y sin responder mínimamente a las demandas sociales de educación, salud y creación de empleos”, proclamaron los presidentes de las entidades empresariales, Manuel Cabrera e Ignacio Méndez.
Los dirigentes empresariales consideraron que, a partir de ahora, sería sano que el Gobierno preparase el terreno sobre el cual operará en 2011, ya que podría ser un año difícil.
“Hay que hacer una reevaluación completa de las prioridades a corto y mediano plazos. Nada puede preservarse en el tiempo gastando más de lo que se produce. En 2011 no dispondremos de los ingresos extraordinarios que hemos recibido en 2010”, sentenciaron Cabrera y Méndez.
Asimismo, los empresarios sugirieron no perder tiempo en las toma de decisiones importantes para el fortalecimiento de la institucionalidad del país, como la ley de partidos políticos y la reforma de todas las legislaciones que deben adecuarse a la nueva Constitución.
La AEIH y la FAI también sugirieron que se actúe con toda prudencia, anteponiendo el interés de la nación, al momento de seleccionar a quienes integrarán Tribunal de Garantías Constitucionales y la nueva Cámara de Cuentas, previstos en la Carta Magna que habrá de promulgarse el 26 de este mes.
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