Rosario advierte dinero no debe primar en candidaturas

POR ALBERTO CAMINERO
El Nacional

El presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Roberto Rosario, advirtió hoy que los partidos políticos no pueden ser utilizados como trampolín de quienes más recursos poseen para acceder a un cargo público, sino que se debe asegurar que tanto para las contiendas internas como para optar para una función pública se debe garantizar que prime entre los postulantes el talento y la vocación de servicio.
Asimismo, consideró urgente establecer nuevas regulaciones legislativas que introduzcan nuevos elementos de control y regulación que impidan que los partidos políticos y las instituciones públicas sean asaltados y permeados por el flagelo del narcotráfico.
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Sobre los partidos políticos, el doctor Rosario abogó para que se eleve la calidad de su democracia interna, porque el país necesita agrupaciones fuertes, con capacidad de control de su membresía y con una visión de Estado, cuyo propósito fundamental esté dirigido a ser instrumentos eficaces de los ciudadanos y expresión de sectores que los utilicen para la canalización de sus ideas.
El doctor Rosario Márquez habló sobre el particular al exponer sobre “El Papel de la Junta Central Electoral en la Democracia Dominicana” en la Escuela de Graduandos de Altos Estudios de las Fuerzas Armadas, donde destacó que los partidos políticos no pueden ser utilizados como trampolín de quienes más recursos posean para acceder a un puesto público, y que en cambio se debe asegurar que tanto para las contiendas internas como para optar para una función pública a través de las elecciones, se debe garantizar que prime el talento y la vocación de servicio del ciudadano.
Destacó que la JCE no puede coadyuvar a crear más ciudadanía, más democracia y bienestar social, si no se crea la legislación que le permita fiscalizar el origen y la ejecución del gasto de los partidos, monitorear y estandarizar las oportunidades de los contendientes en cada uno de los procesos y el respeto a los derechos ciudadanos.
El presidente de la Cámara Administrativa manifestó que, aunque hace unos 10 años el voto preferencial, por ejemplo, en las elecciones nacionales abría mayores espacios de participación y garantizaba la democracia en los partidos, hoy representa un escollo para la generación de una partidocracia participativa, por esa razón estamos abogando por contraer el voto preferencial a unas primarias con padrón universal, abiertas y competitivas, regulada en el tiempo, en la publicidad y en el gasto, donde gane no el que más recursos posea, sino el que formule mejores propuestas, muestre mayor vocación de servicio y ofrezca mayor talento al ciudadano.
Como parte de este proceso de fortalecimiento institucional a la democracia, el órgano electoral debe tener competencia para fiscalizar el gasto de los recursos públicos entregados a los partidos políticos en la administración de su patrimonio, en el desarrollo de programas para elevar la calidad de sus miembros y en la ejecución de programas de desarrollo partidarios, anotó el funcionario electoral.
Agregó que “como órgano electoral nos desarrollamos en un contexto en donde se da una situación extremadamente contradictoria. Contrario a la opinión de algunos politólogos, que ven en peligro la democracia dominicana o la existencia de una supuesta crisis en los partidos políticos, la verdad es que gozamos de un sistema de partidos relativamente fuerte, que gira alrededor de los tres partidos que en los últimos 20 años, de manera consecutiva, han hegemonizado la vida política nacional”.
Apuntó que los resultados electorales de los últimos procesos permiten demostrar que el sistema de partidos mantiene una gran estabilidad y que un segmento de los mismos ejerce hegemonía relativa sobre el electorado, oscilando la masa de votantes entre uno y otro. “Veamos: en el año 1996, tres de los partidos concurrentes obtuvieron el 95 por ciento de los votos emitidos; en el año 2000, estos mismos partidos obtuvieron el 93 por ciento; en el año 2004, obtuvieron el 87.8 por ciento; y en año 2008, el 88.1 por ciento, estas estadísticas no incluyen las alianzas establecidas alrededor de cada una de las candidaturas de estos partidos; si incluyéramos las alianzas que giran alrededor de ellos, la proporción en estos cuatro períodos supera el 97 por ciento de los votos emitidos”.
“Asimismo, las abstención promedio en estos períodos es de un 25 por ciento, incluyendo en la misma un porcentaje de ausentismo electoral de aproximadamente un 15 por ciento, como consecuencia de algunas inconsistencias que refleja nuestro padrón, debido a la imposibilidad de excluir del mismo a algunos ciudadanos fallecidos en el país y en el exterior, y a una gran proporción de dominicanos que viven en otros países y están incluidos en el listado de electores, por lo que en términos reales la abstención nuestra se mueve en un espacio de un 10 a 15 por ciento, comparada con otros países del área, y dado que en nuestro sistema el tener una cédula de identidad y electoral, que de por sí es obligatorio, y genera el ingreso automático del ciudadano al listado de votantes, podemos decir que tenemos una participación elevada y consistente de la población en los procesos y en el ejercicio del derecho al sufragio”.
Y más delante de su exposición, el doctor Roberto Rosario Márquez expresa que paradójicamente a las estadísticas citadas anteriormente y al alto nivel de participación de los dominicanos en los procesos electorales, y a propósito de la participación y representación ciudadana, un grupo de cientistas sociales desarrolló en el año 2004 un interesante proceso de investigación respecto de la percepción de la ciudadanía sobre aspectos vinculados a la propia ciudadanía y la democracia en la República Dominicana. El propósito, a decir de ellos, era interpretar los datos que arrojaba una encuesta nacional de opinión pública sobre este tema y formular, a la luz de los mismos, sus estrategias de trabajo.
Dijo que lo interesante de esta investigación fue que pudieron contactar lo siguiente: Se resaltaron los elevados porcentajes de personas que dijeron no haber nunca participado en petición o demanda, un (83%), o no haber participado en acción comunitaria, (58.6%), o no contactar un representante político para expresarle sus opiniones, un (71.3%). Contrariamente a este descubrimiento, pudieron determinar que un (51.1%) reconoce tener determinados niveles de participación partidaria y se reduce en ese experticio a un (32.6%) los ciudadanos que dicen nunca haber sido miembros de un partido.
Peor aún, en el aspecto de las organizaciones sociales, dice que el (62.3%) de la población dijo no haber pertenecido a ninguna asociación sindical, profesional o de negocios, y un (42.1%) dice que nunca ha estado en clubes culturales o deportivos.
Pero ese mismo estudio, dio como resultado que el (74.8%) de la población se identifica y prefiere el sistema democrático frente a cualquier otra forma de gobierno, y un (74.3%) afirma que bajo ninguna circunstancia aceptaría la restricción de los derechos democráticos, y asombrosamente en el año 2004 ese mismo informe determinó que el (64.6%) calificó el último proceso electoral como muy confiable, y el (90.7%), según estas estadísticas, lo consideró justo o muy justo el grado de equidad y oportunidad entregado a los candidatos.
A la luz de estos datos, es evidente entonces que uno de los principales desafíos que tenemos es crear conciencia en los ciudadanos respecto de sus deberes y derechos, y propiciar las instituciones que le permitan el ejercicio de los mismos, es decir, no es suficiente que las elecciones sean limpias, transparentes, plurales y participativas, se necesita dar un paso hacia delante y generar confianza en los individuos para que sean cada vez más ciudadanos en conciencia y participación.